Trump ha dicho que recortaría el financiamiento federal a las ciudades que se rehúsen a cooperar con agentes federales para detener a inmigrantes ilegales.
WASHINGTON — Con
su promesa de deportar de dos a tres millones de inmigrantes que han
cometido crímenes, el presidente electo Donald Trump dio indicios de que
intensificaría la expulsión de personas que se encuentran tanto legal como
ilegalmente en Estados Unidos. Si se llevara a cabo, el plan requeriría redadas
por parte de una fuerza federal de inmigración mucho más grande para encontrar
a esos inmigrantes y sacarlos del país.
Hablando del tema
en una entrevista que se transmitió el domingo en el programa de CBS 60
Minutes, Trump adoptó un tono más suave en torno a los inmigrantes, en contraste
con el que utilizó durante su campaña, cuando calificó a muchos de ellos de
violadores y criminales. En vez de eso, se refirió a ellos como “personas
estupendas”, y dijo que se ocuparían de ellos solo después de que aseguraran la
frontera y deportaran a los criminales.
Sin embargo, al
decir que el número de personas que pretende expulsar del país es de hasta tres
millones, Trump da pie a cuestionamientos sobre qué inmigrantes planea
procesar para su deportación y cómo podría lograr la expulsión de tantas
personas.
“Si quiere deportar de dos a tres millones de personas, tendrá que basarse en
tácticas que dividirán comunidades y crearán miedo en todo el país”, dijo Kevin
Appleby, el director sénior de política migratoria internacional en el Centro
de Estudios de Migración de Nueva York. “Tendría que llevar a cabo un rastreo,
redadas o tácticas similares para alcanzar la cifra que desea. Crearía un
Estado policiaco, en el que se tendría que buscar a la gente de manera
agresiva”.
Los detalles son
cruciales para entender el acercamiento de un presidente electo que basó su
campaña en una promesa de construir un muro fronterizo y deportar a
infractores. El lunes, el presidente Obama dijo que instaría a Trump a dejar
intactas sus iniciativas ejecutivas, las mismas que han protegido de la
deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando
eran niños.
Un vistazo a los números
Cuando le
preguntaron en 60 Minutes si buscaría deportar a “millones y millones
de inmigrantes indocumentados”, Trump dijo que su prioridad sería expulsar “a
los criminales y las personas con antecedentes penales”.
“Lo que haremos es
atrapar a los criminales y a las personas con antecedentes penales: miembros de
pandillas, traficantes de drogas, hay muchos de ellos aquí, quizá dos millones,
incluso podrían ser tres millones. Los expulsaremos del país o los
encarcelaremos”, dijo Trump. “Pero los deportaremos; están aquí de manera
ilegal”.
El gobierno de
Obama ha estimado que 1,9 millones “de extranjeros criminales aptos para su
deportación” se encuentran en Estados Unidos. La cifra incluye a personas con
permisos (green cards) para su residencia permanente y legal en el
país, así como aquellos con visas temporales. También incluye a personas que
han sido condenadas por crímenes no violentos como robo, no solo los que
resultaron culpables de delitos graves o violencia vinculada a pandillas.
“Sin duda pueden
empezar con esa cantidad”, dijo Jessica M. Vaughan, directora de estudios de
políticas en el Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que apoya reducir
la inmigración.
No obstante,
aunque las cifras de Trump sean correctas —y muchos activistas de
inmigración las rebaten— no está claro que Trump pueda llevar a cabo esas
deportaciones rápidamente sin violar el debido proceso.
En muchos casos,
los convictos tendrían que pasar por cortes de inmigración antes de que
pudieran ser deportados. Esas cortes están sobrecargadas de muchísimos casos
pendientes, así que obtener órdenes de deportación por parte de los jueces podría tomar
varios meses… si no es que varios años. Miles de inmigrantes están cumpliendo
sentencias en prisión que, bajo la ley actual, no pueden reducirse. De acuerdo
con cifras oficiales, desde junio solo cerca de 183.000 inmigrantes habían sido
condenados por crímenes y también tenían órdenes de deportación, así que
podrían ser detenidos y expulsados rápidamente.
Detectando criminales
La
estrategia de Trump sería de cierta manera una continuación de las
políticas que Obama ha promovido para concentrar la aplicación de las leyes
migratorias en los criminales convictos.
En 2014, su
gobierno emitió lineamientos que instruyen a los agentes a darle más prioridad
a los criminales en sus operativos. En 2015, de acuerdo con las cifras de
Inmigración y Aduanas, la mayoría de los 235.413 deportados —59 por ciento—
fueron criminales convictos, mientras que el 41 por ciento fueron expulsados
por violaciones migratorias.
“Bajo el gobierno
de Obama ya hemos logrado calibrar nuestra política con un gran énfasis
hacia los criminales extranjeros”, dijo Muzaffar Chishti, director de la
oficina del Instituto de Políticas Migratorias, un grupo apartidista de
investigación, de la Escuela
de Derecho de la
Universidad de Nueva York.
Desde 2009, Obama
ha presidido la deportación de cerca de 2,5 millones de inmigrantes, lo cual
provocó fuertes críticas por parte de grupos de defensa. En parte, lo hizo con
el fin de generar respaldo político para una revisión generalizada de las leyes
migratorias que habría provisto un camino a la ciudadanía para los inmigrantes
que se encuentran en el país de manera ilegal.
Bajo un programa
ahora extinto conocido como Comunidades Seguras, el gobierno de Obama utilizó
huellas digitales que se comparten entre departamentos de fuerzas policiales
locales para encontrar y deportar a inmigrantes que han cometido crímenes. La Oficina de Inmigración y
Aduanas también se asoció con las autoridades locales para dar prioridad al
arresto y detención de criminales extranjeros.
Ambas medidas ayudaron a impulsar las deportaciones hasta que llegaron casi a
las 400.000 por año durante el primer periodo de Obama. Multiplicar el número
varias veces casi con seguridad requeriría reinstaurar un programa como
Comunidades Seguras y emplear a muchos más agentes de inmigración, así como
utilizar tácticas más agresivas para encontrar y expulsar a los inmigrantes que
pudieran haber violado la ley, de acuerdo con Appleby, del Centro de Estudios
de Migración de Nueva York.
Resistencia por parte de las ciudades
Si Trump busca
revivir programas de cooperación entre la policía local y las autoridades
federales de inmigración, es probable que se encuentre con desafíos legales y
resistencia por parte de decenas de ciudades y condados que han restringido o
rechazado la cooperación.
Trump ha dicho que
recortaría el financiamiento federal a las ciudades que se rehúsen a cooperar
con agentes federales para detener a inmigrantes ilegales. Durante su campaña,
enfatizó los crímenes terribles que han cometido inmigrantes que, según él, no
habían sido detectados a causa de políticas que los protegen.
En una conferencia
de prensa en Chicago el lunes, el alcalde Rahm Emanuel, un demócrata, buscó
aliviar los temores de deportación y el acoso, reiterando el estatus de Chicago
como ciudad santuario para los inmigrantes.
“Es importante para
las familias que sienten ansiedad, es importante para los niños y adolescentes
que no se sienten seguros después de la elección, es importante que entiendan
que la ciudad de Chicago es su hogar”, dijo Emanuel. “Siempre son bienvenidos
en esta ciudad”.
El condado de Cook,
donde está Chicago, ha adoptado una política especialmente restrictiva en torno
a lazos entre la policía y agentes federales. Emanuel animó a los inmigrantes a
utilizar una línea de ayuda para asesoramiento legal, y dijo que Chicago
rápidamente establecería un programa de identificación municipal para permitir
que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a los servicios de la ciudad.
La alcaldesa Betsy
Hodges de Minneapolis fue desafiante. “Seguiré apoyando y luchando por los
inmigrantes sin importar las amenazas del presidente electo Trump”, dijo. “Si
los funcionarios de la policía llegaran a hacer el trabajo de ICE (Control de
Inmigración y Aduanas, ICE, por su sigla en inglés), dañarían nuestra capacidad
de brindar seguridad a las personas y resolver crímenes”. El alcalde de Newark,
Ras Baraka, señaló que las protecciones de la ciudad no cambiarían.
En California, los
integrantes de una legislatura dominada por demócratas rechazaron las
cifras y los planes de Trump. “Es erróneo y profundamente irresponsable sugerir
que hasta tres millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados
Unidos son criminales peligrosos”, dijo Kevin de Leon, el presidente temporal
del senado. Sostuvo que las cifras de Trump eran “un pretexto ligeramente
velado para crear una política catastrófica de deportaciones masivas”, y dijo a
los inmigrantes que “el estado de California los apoya de manera categórica”.
El jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck,
afirmó que sus fuerzas policiales no cambiarían sus políticas. “No trabajaremos
de manera conjunta con el Departamento de Seguridad Nacional en sus iniciativas
de deportación”, dijo, de acuerdo a The Los Angeles Times. “Ese no es
nuestro trabajo y tampoco haré que lo sea”.Creditos al The Newyorktimes es
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