Manolo Guevara Díaz
elsoberanodigital.blogspot.com
CARACAS — Esta semana el gobierno venezolano
ha iniciado una serie de acciones judiciales contra miembros de las
organizaciones políticas opositoras y los grupos disidentes del país.
El miércoles, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) arrestaron al diputado Gilber Caro, miembro del partido
Voluntad Popular cuyo líder, Leopoldo López, también se encuentra detenido
desde el 18 de febrero de 2014, así como varios miembros de ese movimiento
político.
Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, vinculó este
jueves a Jorge Luis González —diputado de Primero Justicia— y al general
retirado Raúl Isaías Baduel con supuestos planes desestabilizadores. Ambos
fueron detenidos. El mismo día se condenó también a ocho ciudadanos por los
delitos de rebelión y faltas al decoro militar que las autoridades relacionaron
con el “Golpe Azul”, un supuesto intento de rebelión militar realizado en
febrero de 2015. Los procesados, entre los que se cuentan cinco oficiales de la
aviación, recibieron penas de 5 a 10 años de prisión.
Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y
líder opositor del país, también fue citado el jueves a una audiencia en la
Contraloría General de la República por su supuesta vinculación con la empresa
constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios
venezolanos con un monto cercano a los 98 millones de dólares para obtener contratos de obras
públicas por cerca de once mil millones de dólares.
Capriles ha declarado que los contratos de Odebrecht con la
gobernación de Miranda fueron firmados durante la gestión de Diosdado Cabello,
diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En este
país hay que ser hampón y corrupto para que la contraloría no lo investigue”,
dijo en una entrevista, al enterarse de su citación. “Producto de la lucha
por el revocatorio me montaron una olla en la contraloría”.
Además denunció desde su cuenta de Twitter que
a sus partidarios se les impidió el acceso a la contraloría, y fueron
reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional. La audiencia fue privada; por
este motivo, el gobernador no asistió y envió en representación a su abogado.
Este conjunto de detenciones se produjo luego de la reciente
creación del “Comando Antigolpe”, una unidad que busca desarticular lo que el
gobierno califica como los intentos opositores para desestabilizar el país. El
vicepresidente de la república, Tareck El Aissami, acusó a
Gilber Caro de planificar acciones terroristas y aseguró que en el momento de
su detención le encontraron un fusil FAL calibre 72.6, cuatro barras de C4 y un
cargador.
El diputado de Voluntad Popular (VP) Gilber Caro fue detenido
por oficiales de inteligencia el miércoles. Esta foto registra su llegada a la
Asamblea Nacional el 11 de enero de 2016, acompañado de Lilian Tintori, la
esposa de Leopoldo López, el líder de VP que fue encarcelado en 2014.CreditFernando
Llano/Associated Press
Los grupos de derechos humanos dijeron que la detención de
Caro empaña la reciente liberación de varios activistas encarcelados.
Durante un proceso de diálogo auspiciado por el Vaticano, la oposición le
ha exigido al gobierno que libere a decenas de detenidos considerados como
prisioneros políticos.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organización que
agrupa a los movimientos opositores, dijo en un comunicado que las medidas tomadas por el gobierno eran
acciones desesperadas y que, tanto en el caso de Caro como en el de Capriles,
eran acusaciones falsas.
“En ambos casos es evidente la intención del régimen de, por
un lado, amedrentar a la oposición política y al pueblo en general; y por otro
avanzar en un proceso de degeneración institucional al estilo de Nicaragua, donde
la dictadura hace ‘elecciones’ en las que la gente vota pero no elige”, reza el
documento.
La coalición opositora rechazó un fallo reciente del Tribunal
Supremo de Justicia que anuló la declaración de la Asamblea Nacional de
abandono de cargo del presidente Nicolas Maduro. Esta semana, la asamblea
aprobó una resolución simbólica en la que afirma que Maduro ha descuidado sus
deberes al frente del Poder Ejecutivo, mientras el país se hunde en una
profunda crisis económica signada por el desabastecimiento de alimentos y
servicios básicos, así como una inflación que el Fondo Monetario Internacional
pronostica que podría superar el mil por ciento este año.
Algunos miembros de la oposición están presionando para
organizar más protestas callejeras, mientras que otros dirigentes abogan por
asistir a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno que está programada
para el viernes. Los principales líderes opositores han dicho que no
participarán en la reunión a menos que las autoridades ordenen la liberación de
más de 100 presos políticos.
El año pasado, el gobierno liberó a 43 activistas de la
oposición —incluyendo al excandidato presidencial Manuel Rosales— pero
encarceló a otros 55, comentó Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal,
un grupo de abogados que defiende a los activistas encarcelados.
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