Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro manifestaron frente a Conatel, en apoyo a la medida contra CNN en Español. Credit. TheNewyorTimes ES
Manolo Guevara Díaz
elsoberanodigital.blogspot.com
Miembros de la
prensa, activistas y figuras de la oposición venezolana se
movilizaron el jueves para condenar la decisión del gobierno de
Nicolás Maduro, emitida el miércoles, de suspender las transmisiones del
canal de noticias CNN en Español.
La sanción en contra de CNN generó
acusaciones de censura y aumentó las tensiones en medio de la crisis
económica y política que vive Venezuela.
En un comunicado,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó de “ilegal y arbitraria” la
sanción del gobierno contra CNN y exhortó a que se derogara la medida “que
burla las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de
información”.
Jesús Torrealba,
secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, advirtió en su programa de
radio que ante la salida del aire de la cadena informativa esperaba “un
recrudecimiento de la violencia” por parte del gobierno: “¿Cuánto silencio
necesita una dictadura para no sentir el rechazo de los ciudadanos? Podrá
imponer el silencio, pero el rechazo está allí, creciendo y expresando lo que
es el deseo de libertad de un pueblo”.
Las transmisiones de noticias CNN en Español fueron suspendidas 10 días
después de que el canal presentara un especial titulado “Pasaportes en
la sombra”, un trabajo de investigación que denuncia una serie
de irregularidades supuestamente cometidas en la embajada de Venezuela en
Bagdad, Irak, relacionados con la venta de pasaportes y visas venezolanas
a ciudadanos del Medio Oriente que tendrían lazos con Hezbollah. El
reportaje vincula al actual vicepresidente Tareck el Aissami con el
negocio de los pasaportes.
El miércoles
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó en su
portal web un documento en el que acusa a CNN en Español de transmitir
contenidos “que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro
pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima intolerancia”.
No es la primera
vez que el gobierno venezolano ataca o implementa medidas contra medios que lo
critican. El 27 de mayo de 2007 no se renovó la concesión de Radio Caracas
Televisión, medida gubernamental que implicó el cierre de esa televisora, cuyos
bienes fueron incautados por el Estado venezolano. En febrero de 2014 la señal
del canal colombiano NTN24 también fue suspendida.
Entre 2013 y 2016
cerraron al menos 22 periódicos en todo el país
debido a dificultades técnicas como la escasez de papel, cuya asignación es
controlada por el gobierno. Espacio Público, una organización dedicada al
monitoreo y análisis de medios, contabilizó 366
violaciones a la libertad de expresión en 2016, lo que representa
un incremento del 28 por ciento con respecto a 2015. Esta ONG también ha
registrado las detenciones y deportaciones de al menos 10 periodistas
de medios internacionales como Al Jazeera, NPR, Washington
Post, Le Monde, Miami Herald y Radio y Televisión Española, entre
otros.
Otro elemento que
complejiza la situación informativa en Venezuela es la reiterada denuncia de compras de
medios
de comunicación por parte de sectores cercanos al gobierno. Diarios
como El Universal, Últimas Noticias y El Mundo, así como el canal de noticias
Globovisión, han cambiado sus líneas editoriales suavizando las críticas a la
gestión gubernamental y cerrando sus espacios a las denuncias ciudadanas.
Henrique Capriles,
líder opositor y gobernador del estado Miranda, escribió en su cuenta de Twitter: “Impidiendo que
la gente vea @CNNEE ¿Se acabará el hambre? ¿Bajará la inflación? ¿Menos
homicidios? ¡Cada venezolano sea mensajero de la verdad!”.
El jueves la
líder opositora María Corina Machado acompañó a los representantes de los
gremios de periodistas a entregar un comunicado en Conatel en rechazo a la
medida. “Con esta acción del régimen de Nicolás Maduro, a cualquier venezolano
que tenía alguna duda sobre la veracidad de estas gravísimas denuncias e
investigaciones (de CNN) pues esa duda se erradica”, declaró Machado.
Entre conspiraciones y censura
El 10 de febrero,
el senador republicano por Florida Marco Rubio presentó la investigación
emitida por CNN en el Senado de Estados Unidos y dijo que la supuesta venta
de pasaportes y documentos de viaje por parte de una embajada de Venezuela
“a individuos vinculados con el terrorismo representa una amenaza a la
seguridad de Estados Unidos”. Rubio comentó que el reportaje mostraba
explícitamente la vinculación de El Aissami con el otorgamiento de 173
pasaportes y cédulas a ciudadanos de Medio Oriente, por lo que esperaba que el
Departamento de Estado tomara cartas en el asunto.
La reacción del
gobierno venezolano no se hizo esperar y el domingo pasado, durante un acto
público por el Día de la
Juventud, el presidente Maduro declaró: “CNN que no meta
su nariz en Venezuela, yo quiero a CNN bien lejos de aquí, fuera CNN de
Venezuela, los asuntos de los venezolanos son nuestros y debemos resolverlos
nosotros”.
Un día después, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como
narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados
Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con
instituciones estadounidenses.
Andrés Cañizalez,
experto en ciencias políticas e investigador en medios de comunicación de la Universidad Católica
Andrés Bello, explica que la medida de Conatel está lejos ser una
medida cautelar: “Conatel hace una interpretación de la Constitución que
genera censura porque sin que todavía exista un proceso administrativo se saca
del aire a CNN”.
Cañizalez advierte que en Venezuela la audiencia está muy desprotegida, por lo
que piensa que los ciudadanos deben manifestarse para mostrar su
descontento. “Sin embargo, Conatel opera más como un órgano político e
ideológico que técnico, por lo que tengo serias dudas de que los reclamos de la
ciudadanía puedan ser escuchados”.
La canciller Delcy
Rodríguez no dudó en relacionar a CNN con una conspiración para desacreditar al
país debido a la presentación que Rubio hizo de la investigación y declaró: “Sabemos lo que
significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales”.
CNN ha respondido a
los señalamientos y la sanción del gobierno venezolano diciendo que continuarán
informando sobre la situación del país y ofrecerán de manera gratuita su señal
en YouTube. A través de un comunicado la cadena aclaró
que “una cosa son las sanciones por narcotráfico de las autoridades
estadounidenses y otra son las denuncias presentadas en nuestra investigación
sobre irregularidades en documentos venezolanos”. CNN sostiene que no están
vinculadas de ninguna manera.
Antonio Pasquali,
teórico de la comunicación con más de 50 años de experiencia, dice que en los
últimos siete días el gobierno venezolano ha tomado medidas que afectan el
derecho a la libertad de expresión: “Vamos hacia una radiotelevisión donde solo
habrá la voz del amo y la ataraxia de los autocensurados”.
Cañizalez comenta
que esta sanción se produjo en medio de “una cotidianidad restrictiva para la
libertad de expresión” por lo que es probable que tenga mucha más repercusión
internacional que adentro del país: “Es un hecho grave, sin duda, pero en
Venezuela vivimos las restricciones a la libertad de expresión a diario”.
El investigador cree que la influencia de CNN podría catalizar otras
reacciones: “Quizá eso termine desencadenando una importante condena
internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro”.
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