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CARACAS — En la
víspera de la megamarcha convocada para el 19 de abril por la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) —coalición de los partidos de oposición en Venezuela— el presidente
Nicolás Maduro amenazó a los opositores con detenciones y enjuiciamientos en
tribunales militares.
Maduro ordenó que las fuerzas armadas estuvieran en la
calle, no solo la
Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional,
una medida propia de un estado de conmoción generalizada. También prohibió
la entrada de la marcha opositora en el municipio Libertador de Caracas, sede
de los poderes públicos. Para ilustrar esta arbitrariedad imaginemos que los
estadounidenses no pudieran protestar en el National Mall de Washington o los
mexicanos en el Zócalo en Ciudad de México.
Sin embargo, cientos de miles de venezolanos
marchamos en todo el país para exigir la restitución de la democracia.
Ayer, en medio de una brutal represión y
nubes de gas lacrimógeno, no cundió precisamente el temor. Vi a jóvenes,
mujeres y varones, enfrentando a las fuerzas de seguridad del Estado
—contando apenas con su agilidad, máscaras y guantes— mientras corrían
entre las largas filas de la marcha gigantesca y eran aplaudidos como héroes. La
multitud los protegió con su presencia, se quedó cerca de ellos, pero la
represión escaló velozmente hasta el punto de que en plena autopista
Francisco Fajardo los protestantes tuvieron que atravesar el río Guaire,
una corriente de aguas putrefactas que atraviesa Caracas, para escapar de
los ataques de las fuerzas represoras.
La marcha de Caracas no cumplió la meta de llegar a la Defensoría del Pueblo
para exigirle a Tarek William Saab, su máxima autoridad, un pronunciamiento
sobre las violaciones constantes del gobierno a la constitución. Pero sin duda
fue electrizante. Una masa compacta fluía, retrocedía y volvía de nuevo
mientras los jóvenes se exponían en primera línea ante las fuerzas de
seguridad. La protesta adoptó una suerte de orden espontáneo, cuya finalidad
era resistir con riesgo de las propias vida y seguridad. Este riesgo es una
característica clave de la nueva ola de protestas en Venezuela a raíz de la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional
por parte del Tribunal Supremo de Justicia a principios de abril.
La lucha pacífica
ha cambiado de forma. Si antes consistía en marchar y volver a las casas, ahora
le pone directamente el cuerpo a los represores. Estos actos de coraje, sobre
todo de los muchachos más jóvenes, han implicado torturas, detenciones y al
menos siete muertes. Es un cambio que satisface una aspiración heroica pero
cuyo impacto real está por verse.
Sin duda, esta
nueva oleada de protestas recuerda la de 2014 conocida como “La salida”, pero
el escenario es distinto. El respaldo de la MUD a estas protestas nacionales subraya el
contraste con las de 2014. Mientras que La Salida generó una crisis en la coalición entre
las organizaciones que apoyaban la demanda de un pacto de transición y Asamblea
Constituyente y quienes apostaban por la acumulación de fuerzas, ahora los
diputados, líderes, alcaldes y gobernadores se han puesto a la vanguardia de
las marchas.
Ya no se trata de
manifestar el descontento de quienes perdieron las elecciones en 2012 y 2013,
sino de expresar la frustración de la mayoría del electorado ante las
penurias y la escalada dictatorial que abarca, como se notó el día de ayer, el
silenciamiento de las televisoras nacionales y la censura en la televisión por
suscripción, como sucedió ayer con la suspensión de los canales Todo Noticias
de Argentina, El Tiempo de Colombia y Antena 3 de España.
Existe una nueva
alineación de los partidos, los gremios, las organizaciones no gubernamentales
(asumidas como actores políticos ante la gravedad de la crisis) y la gente de a
pie que protesta con un solo objetivo: recuperar la democracia. Este objetivo
es acompañado por organismos internacionales y numerosos gobiernos antes
silentes, como el de Colombia que ayer se pronunció firmemente
sobre la situación venezolana.
Quienes se movilizan
se unen como ciudadanía para actuar ante un chavismo derrotado electoralmente
en las elecciones parlamentarias de 2015.
En definitiva, se
ha pasado del apaciguamiento a la resistencia. La lucha pacífica ya no se
confunde con no arriesgarse; quienes se rebelan no tienen otra arma que su
cuerpo pero ya no se conforman con protestar en lugares seguros como ocurría
con las barricadas de 2014.
Para que tenga
sentido esta protesta popular con su saldo trágico, la MUD debe aprovechar las
fisuras dentro del alto gobierno: la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz se manifestó en contra de la anulación del parlamento. Hay que seguir
interpelando a los sectores disidentes del chavismo para sumar esfuerzos en
torno al objetivo común que es lograr elecciones transparentes, con
observadores internacionales y en las que se permita la libre escogencia de los
candidatos opositores, como Henrique Capriles y Leopoldo López, sometidos
arbitrariamente a inhabilitaciones políticas.
Las fuerzas armadas deben negarse a reprimir y a hacerse cómplices de
políticas del poder ejecutivo que incluyen armar a bandas civiles para
amedrentar a la oposición. En este marco, el apoyo internacional es un factor
de presión que eleva los costos del camino dictatorial. Pero no hay nada que
sustituya la resistencia activa y pacífica de la población y la guía del
liderazgo coherente con una estrategia.
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