Colombia.-La historia
está llena de ejemplos de países que se han visto abocados a la guerra, aun sin
quererla, por la decisión arrogante y temeraria de sus gobiernos. Colombia
parece ser el caso contrario. El presidente Juan Manuel Santos tendrá que sacar
adelante la paz, muy a pesar de que aún medio país no cree en ella.
El proceso para ponerle fin al conflicto armado con las Farc ha
polarizado tan radicalmente a Colombia, que el nuevo acuerdo logrado el 12 de
noviembre tendrá que ser refrendado e implementado en el congreso, sin pasar
por las urnas, donde fue rechazado el pasado 2 de octubre.
Tras el plebiscito, el proceso de paz entró en un limbo peligroso, a
pesar de que el cese al fuego definitivo ya estaba en marcha. Pasaron 40 días
frenéticos en los que el gobierno escuchó a los líderes del No, que obtuvieron
una mayoría de apenas 53.000 votos,
o 0,43 por ciento de diferencia. A la cabeza del No están dos
expresidentes que intentaron hacer la paz con las Farc en el pasado y
fracasaron: Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
De aquellas reuniones salieron 410 propuestas de modificaciones, algunas de las
cuales eran dardos envenenados dirigidos al corazón de la negociación. Fórmulas
inaceptables en cualquier acuerdo razonable, como que la guerrilla firmara su
propia sentencia para ir a prisión y que, de sobremesa, sus líderes no pudieran
ir a elecciones.
Otras modificaciones buscaban agitar demonios provenientes de una
lectura sesgada del acuerdo. El hecho de que este fuera el primer pacto de paz
con una perspectiva amplia de género hizo que muchas iglesias vieran en él una
amenaza a la familia y a los valores cristianos. O que tímidos propósitos de
distribuir tierras y ofrecer titularidad a campesinos pobres pusieran a temblar
a terratenientes que vieron su derecho a la propiedad privada en riesgo. Un
tercer tipo de comentarios eran sobre todo jurídicos, razonables, y provenían
de las cortes del país.
A los negociadores del gobierno les tocó el insólito papel de defender
ante las Farc las propuestas de la oposición, en búsqueda de darle al acuerdo
de paz, por vía de la concertación, la legitimidad perdida en el plebiscito. Pero
se trataba de una renegociación para un nuevo acuerdo de paz, no de pedirle a
las Farc una rendición. El nuevo acuerdo, a pesar de haber incorporado un 80
por ciento de las sugerencias de los opositores, fue rechazado por Uribe y los
demás críticos.
Excepto por un puñado de optimistas, casi nadie en el mundo político se
hacía ilusiones de que fuera posible el gran acuerdo nacional que pedía Uribe,
a sabiendas de que sus propias objeciones al proceso de paz lo hacían
sencillamente imposible. Dicho acuerdo nacional implicaba humillar a las
Farc poniéndole obstáculos a su ingreso a la vida civil. Además los
líderes del No entendieron que con su triunfo en el plebiscito del 2 de octubre
tienen un capital electoral suficiente para disputar la presidencia en 2018 y
no quieren desperdiciar la oportunidad.
En el fondo esas 297 páginas del acuerdo original, o las 310 que tiene
el nuevo acuerdo, ponen el dedo en una vieja herida que sigue abierta en
Colombia: la fractura de sus élites. Desde hace un siglo conservadores y
liberales se disputan los caminos de la modernización, de la soberanía y de las
reformas.
El acuerdo de paz fue negociado durante cuatro años en La Habana no solo para que la
guerrilla abandone la lucha armada, sino para cerrar de una vez por todas la
espiral de violencia política en Colombia.
Se identificaron los puntos que han sido determinantes en la
persistencia de la guerra interna: el problema campesino y la falta de una
reforma agraria, la precariedad de la democracia, la fallida lucha contra el
narcotráfico, la rampante impunidad ante la ley y el orden, y la
reincorporación política de los excombatientes para evitar el reciclaje de la
violencia.
En casi todos estos temas Uribe y los demás líderes del No son
contrarios a los cambios propuestos. En sus recomendaciones defendieron el
modelo económico rural, a pesar de que saben que el sector rural colombiano es
uno de los más desiguales del mundo. Criticaron todas las medidas para
garantizarle a las Farc y a sus bases sociales representatividad política,
incluyendo la creación de un partido. Y apoyaron la infructuosa guerra contra
las drogas. Por último, se negaron tercamente a reconocer los mecanismos de la
justicia transicional.
Para Uribe, Pastrana y sus seguidores, la única responsable de los
crímenes graves cometidos en medio siglo son las guerrillas.
Esos sectores conservadores buscan mantener un statu quo que ha
hecho de Colombia un país fracturado territorial, social y políticamente.
¿Qué representa entonces Santos? La derecha liberal, moderada y
modernizante que ha entendido que Colombia debe superar la violencia política
para desarrollar su potencial económico.
Aunque su proyecto no ha calado lo suficiente y su decisión de evitar un
nuevo plebiscito es impopular, es el único camino para no echar por la borda un
acuerdo de paz tejido con filigrana.
Este nuevo acuerdo, que fue pensado para una paz estable y duradera, entrará
con fórceps al ordenamiento jurídico y será atacado durante su implementación
desde muchos flancos. Si quienes lo repudian ganan las elecciones del 2018, con
la bandera de echarlo para atrás, Colombia se enfrenta al riesgo de un nuevo
ciclo de violencia.
Dado que Santos no logró construir un consenso básico para el nuevo
acuerdo, está obligado a luchar por él en los 20 meses que le quedan de
gobierno.
Primero, debe mostrar victorias tempranas en la implementación,
comenzando por el desarme de las Farc. Ese es un hecho contundente que puede
convencer a los escépticos sobre las bondades de la paz.
Segundo, debe mantener un diálogo político con diversos sectores
sociales que se sintieron excluidos en el proceso de paz, particularmente las
élites locales y emergentes, reticentes a un pacto con la guerrilla y
tolerantes con formas de violencia paramilitar. Sin ellas, la paz siempre será
débil e inestable.
Uribe y los suyos anunciaron
que se van a la calle, a buscar un referendo contra los puntos críticos del
acuerdo, y a disputar la presidencia bajo la bandera de la indignación. La
misma que les resultó exitosa en el plebiscito.
Todo indica, entonces, que las elecciones
presidenciales del 2018 funcionarán como referendo popular de este nuevo
acuerdo. Por eso, finalmente, para enfrentar a los adversarios se necesita una
coalición inédita en Colombia, del centro hasta la izquierda. Esta coalición
tendría la bandera de la reconciliación en sus manos, que no es poca cosa. Su
éxito dependerá de que los líderes actúen con grandeza, y de que este nuevo
acuerdo se convierta en realidad lo antes posible.
Credito a Marta Ruiz es periodista y consejera editorial de la revista Semana, The Newyork times
No hay comentarios:
Publicar un comentario