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BOGOTÁ — A finales de la década de
los años 2000, los políticos de izquierda dominaban la política en América
Latina. Hoy en día la mayoría de ellos se encuentran en retirada, desafiados
por una nueva camada de líderes que prometen arreglar los problemas creados por
la izquierda. En Argentina, Paraguay y Perú, estos adversarios han ganado
elecciones. En Brasil, tomaron el poder este año como resultado de un juicio de
destitución presidencial y, como en Chile, han ganado terreno en las elecciones
municipales. En Colombia, México y Venezuela, están ganando fuerza electoral.
En Cuba, a pesar de que no hay
elecciones, se dice que con la muerte de Fidel Castro se abre más espacio para
los menos ortodoxos. Y hasta en los EE. UU., con el ascenso de Donald Trump, se
vislumbra un desmantelamiento de las políticas de centro-izquierda impulsadas
por Obama.
Puesto que estos nuevos líderes
desafían a la izquierda, es tentador decir que pertenecen a la derecha. Algunos,
como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el de Brasil, Michel Temer,
no necesariamente repudiarían dicha etiqueta. Sin embargo, otra forma de
describirlos es llamarles hipercorrectores. Se ven a sí mismos inmersos en la
misión de limpiar los desastres que sus predecesores dejaron atrás.
¿Tendrán éxito? Hay razones para
sentirse optimista, pero también para preocuparse. En algunas zonas, podrían
repetir los errores del pasado debido a que la hípercorrección, sin importar
las políticas que se adopten, tiende a aspirar a demasiado. Concentrarse en las
grandes crisis provoca que los políticos se vayan a los extremos, improvisen
demasiado e ignoren otras cuestiones.
La hipercorrección ha sido la esencia de la política latinoamericana desde los
ochenta. Entonces, América Latina transitaba hacia la democracia. Los
presidentes asumieron el poder con el mandato de terminar con la crisis de
violaciones a los derechos humanos y las prácticas autoritarias de sus
predecesores. En respuesta, a menudo los presidentes fueron demasiado lejos en
la descentralización de la autoridad gubernamental, lo que condujo a gobiernos
inestables. Se obsesionaron con quitar poder al Ejército y no pusieron la
suficiente atención a la economía, lo cual desembocó en inflaciones disparadas.
Luego vino la era neoliberal. Los
defensores de este enfoque aparecieron a finales de los ochenta también con una
ambiciosa agenda. Tuvieron sus aciertos: rectificaron los desequilibrios
macroeconómicos. Pero también tuvieron sus excesos, tales como privatizaciones
y liberalizaciones en extremo, que en algunos casos dejaron legados de
monopolios, altos precios y fragilidad financiera. También pusieron poca
atención a la pobreza, lo que llevó a una creciente desigualdad.
A finales de los noventa, llegaron líderes
de izquierda dispuestos a corregir los problemas de la era neoliberal. También
muchos de ellos respondieron pasándose de la raya. Para enfrentar la
desigualdad de ingresos, expandieron el alcance del Estado y reforzaron la
dependencia económica en la exportación de recursos naturales, lo que condujo a
una corrupción rampante, poco ahorro y sectarismo político. En algunos casos
hicieron de lado la disciplina fiscal, con lo cual provocaron endeudamientos y
déficits fiscales.
Ahora le toca gobernar a los
presidentes posizquierda. Me temo que nos encontramos ante la posibilidad de
una repetición de compensaciones excesivas y negligencia.
Comencemos con la economía. Lo
positivo es que los reformadores de hoy tienen menos razones que en el pasado
para sobrecorregir. A excepción de Venezuela y Brasil, los países
latinoamericanos no están frente a una caída económica brutal. Así que hay una
menor necesidad de las llamadas reformas big bang del pasado que
tantos errores y dolores ocasionan.
El verdadero riesgo es errar el
tiro: es decir, ir tras el objetivo equivocado. El problema económico clave de
la región es la exagerada dependencia de sus recursos naturales, pero
la mayoría de los nuevos hipercorrectores parece ignorar esta situación. En Perú,
el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue a China en su primer viaje al
extranjero, una rara elección si se toma en cuenta la contribución de China
para mantener a Perú dependiente de la minería.
La solución que ofrecen los nuevos
reformadores es atraer la inversión extrajera mediante el relajamiento de las
reglas sobre exportaciones. Es posible que tal liberalización aumente la
inversión, pero como política para minimizar la dependencia de la exportación
de recursos naturales, sin duda, falla. Si acaso logra algo, es aumentar la
dependencia de socios extranjeros.
Reducir tal dependencia requiere
establecer fondos para la estabilización, mejorar la educación para que los
trabajadores puedan adquirir más capacidades y crear una economía de servicio
más diversificada. Tristemente, los presidentes de hoy en día casi nunca hablan
de estas tareas.
Un segundo asunto importante de la
agenda para la reforma es la corrupción. Ningún otro asunto parece movilizar
mejor al electorado que el disgusto que les provoca la corrupción. Las
acusaciones de corrupción destrozaron la fuerza electoral de los presidentes
izquierdistas alguna vez populares, como Dilma Rousseff en Brasil, Cristina
Fernández de Kirchner en Argentina, Mauricio Funes en El Salvador y Evo Morales
en Bolivia.
Sobre todo en la lucha contra la
corrupción, los presidentes de América Latina tienen una larga historia de
errar el tiro. Cuando imperaba el neoliberalismo, la estrategia preferida para
enfrentar la corrupción era reducir el Estado pues se asumía que un sector
público más pequeño ofrecía menos oportunidades para la corrupción. Con los
presidentes de izquierda, la estrategia preferida fue castigar a los partidos y
expandir la “democracia participativa”, con la esperanza de que dar al
ciudadano común mayor poder para tomar decisiones lo convertiría en un guardián
eficaz.
Como antídotos contra la corrupción,
ninguno de estos enfoques funcionó. Reducir la presencia del Estado a través de
privatizaciones produjo nuevas oportunidades para coludirse con el sector
privado y hacer que la vigilancia fuera más difícil. La democracia
participativa tampoco dio el resultado esperado: muchos grupos que se sumaron
terminaron siendo cooptados y se coludieron con funcionarios corruptos. En la Venezuela de Hugo Chávez
se crearon más de 70.000 consejos comunales para ayudar con proyectos para las
comunidades, y recibieron cerca de ocho mil millones de dólares por parte
del Estado, según Reuters. Hoy en día hay muy poco que mostrar como resultado
de todo este dinero gastado.
Ahora, más que reducir el tamaño del Estado, los presidentes deben construir
Estados basados en reglas. En lugar de confiar solo en la participación
ciudadana, deben dar más poder a una circunscripción más estrecha: la de los
tribunales.
Hay obstáculos. Hacer que el Estado
se rija más por reglas y dar más poder a los tribunales limita el poder de
decisión del ejecutivo, lo que desagrada a los presidentes. A veces, como en
Brasil, los partidos que apoyan esos cambios están teñidos de escándalos de
corrupción. Los hipercorrectores, en especial, piensan que las revisiones
judiciales los atan de manos en su esfuerzo por reparar una situación
disfuncional.
Por último, los reformadores de hoy
en día también han heredado el problema del sectarismo político: la tendencia
de los partidos en el poder a otorgar favores a quienes les son leales,
mientras marginan a sus opositores. La izquierda radical latinoamericana mostró
ser notablemente sectaria. Sus seguidores eran recompensados con una gran
generosidad estatal, a menudo en la forma de prestaciones sociales; en cambio,
se castigaba a los disidentes negándoles beneficios. Los oponentes sentían, y
con razón, que el Estado usaba las políticas sociales para desfavorecerlos.
Este tipo de sectarismo es la razón
de una de las paradojas latinoamericanas más notables desde finales de la
década de los años 2000: la pobreza y la desigualdad se redujeron, pero las
tensiones políticas aumentaron: no tanto porque los programas sociales se
basaran en la redistribución (cuyos fondos de hecho provenían de las
exportaciones más que de aumentos fiscales), sino por el favoritismo. Esto
produjo un círculo vicioso: los programas sociales hacían que un presidente
fuera popular, y su popularidad los empujaba a crear más oportunidades reglas y
prácticas adversas para sus opositores, lo que llevaba a la polarización.
Los reformistas de hoy enfrentan el
reto de cambiar esta dinámica para disminuir la polarización. Sin embargo, no
está claro que los hipercorrectores actuales puedan hacerlo; sus coaliciones
políticas quizá se lo impidan.
En algunos países, como Argentina o
Perú, estas coaliciones consisten en un típico frente antipopulista: empresas,
tecnócratas y votantes de clase media, todos alineados en contra del
ineficiente gasto gubernamental. Exigen un enfoque exclusivo en la disciplina
macroeconómica. Si estas coaliciones no se amplían para incluir otros sectores,
terminarán también desembocando en sectarismo.
En otros casos, la coalición
electoral detrás de los reformistas de hoy es más religiosa, como en el caso de
Donald Trump en Estados Unidos. Está tomando forma una alianza entre los
evangélicos y los católicos en el continente americano, la cual busca adelantar
una agenda muy conservadora en temas de sexualidad y seguridad.
Esta nueva coalición, que es más
fuerte en Brasil, Colombia, México y Centroamérica, quiere que los presidentes
se comprometan con políticas restrictivas en cuanto el aborto, los derechos de
los homosexuales, la drogadicción y el crimen. Uno de sus últimos blancos es la
“ideología de género”, la idea de que la identidad de género se construye
socialmente en lugar de estar determinada por la biología. Estos grupos
sostienen que la ideología de género va en contra de la Biblia y se oponen a las
políticas que protegen a las personas homosexuales y transgénero, a los
defensores de la planificación familiar y a las familias no tradicionales.
Coaliciones como esta ayudaron a dar
el poder a Temer en Brasil y Jimmy Morales en Guatemala. En México presionaron
al congreso para que diera carpetazo a un proyecto de ley de matrimonio entre
parejas del mismo sexo. En Colombia ayudaron a la derecha a bloquear, mediante
un plebiscito, el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. En
Nicaragua empujaron al presidente Daniel Ortega, un antiguo marxista, a adoptar
una postura contraria al aborto. En Chile ayudaron a la elección de una
cantidad importante de alcaldes en las elecciones municipales más recientes.
Al igual que los izquierdistas
radicales de la década de los años 2000, estos grupos religiosos han adoptado
posturas intransigentes en los asuntos que les interesan. Los presidentes que
deben su victoria a los conservadores religiosos pueden sentirse en deuda con
estos grupos, lo que constituye una receta para un mayor sectarismo. El reto
para estos presidentes es establecer lo que podríamos llamar una separación de la Iglesia y el partido. Si
insisten en excluir a los sectores siempre crecientes del electorado, que son
más seculares, se arriesgan a incrementar la polarización.
Hay dos formas de interpretar este
momento en América Latina. Una es verlo como un cambio en el péndulo ideológico
de la izquierda hacia la derecha. La otra es verlo como un ciclo repetido de
hipercorrección, crisis de gobierno que de nuevo producen megarreformistas. La
hipercorrección se deriva de las crisis y tiende a las crisis.
Las
posibilidades de romper con este desafortunado ciclo parecen desiguales. En
cuanto a la economía, las oportunidades se ven mejor que en el pasado pero, en
cuanto a corrupción y sectarismo, se avizoran problemas en el futuro.
Credito al Newyortimes
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